• Relaciones económicas externas

Otros flujos de capital

Luego del golpe militar del 24 de marzo de 1976, una de las primeras manifestaciones de reconocimiento internacional explícito al nuevo gobierno provino del Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual aprobó un crédito por 127,6 millones de dólares para la Argentina a fines de ese mes (1). La decisión respondió a un pedido del gobierno argentino de compensación de la caída de las exportaciones durante el año anterior.
    El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también estableció contactos inmediatamente con la nueva conducción económica. En mayo de 1976 envió a Buenos Aires una misión "exploratoria" con el objeto de conocer los detalles del plan económico y analizar la posible participación de esa entidad en la financiación de diversos proyectos. Los créditos rondarían los 300 millones de dólares y estarían destinados a las industrias siderúrgica, frigorífica, pesquera, vivienda y exportaciones no tradicionales. Los proyectos concretos en discusión incluían: el gasoducto Austral (87 millones), la planta celulósica Alto Paraná (30 millones), la construcción de silos y elevadores (60 millones), un programa de mecanización agrícola y otro de agua potable (30 millones) y la ampliación de la planta petroquímica Bahía Blanca (80 millones) (2).
    Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se formalizaron a partir de mediados de 1976. Ambas instituciones enviaron a Buenos Aires sendas misiones para estudiar la situación del país y el nuevo programa económico y evaluar la forma en que podrían contribuir a la recuperación de la economía argentina (3).
    El propio Ministro Martínez de Hoz realizó una gira en junio de ese año por los principales centros financieros de Estados Unidos y Canadá para gestionar apoyo financiero (4). La actitud positiva del gobierno de Estados Unidos demostró el respaldo oficial y allanó el camino para dichas gestiones, parcialmente obstaculizado hasta entonces por las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en Argentina. La respuesta de la banca privada también fue positiva: un grupo de bancos se mostró interesado en aportar alrededor de 500 millones de dólares. Ello dio lugar a una nueva misión en julio de 1976, en este caso con destino al continente europeo (5).
    Parte de dichas gestiones estuvo orientada a transmitir seguridad a los potenciales inversores acerca de la situación política nacional. En particular, el equipo económico se preocupó por explicar el problema del terrorismo y de los exiliados políticos, subestimando sus alcances (6).
    La gira europea del ministro Martínez de Hoz abarcó Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, España, Italia, Gran Bretaña y España. Incluyó contactos con las autoridades de esos países, con grupos empresarios y con la banca privada, y tuvo por objetivo central sondear la posibilidad de obtener préstamos que permitieran a la Argentina afrontar los requerimientos que planteaban los futuros vencimientos de su deuda externa (alrededor de 1.000 millones de dólares) y poner en marcha algunos mecanismos de reactivación económica que permitieran paliar la recesión (e.g., licitaciones de áreas petroleras, estímulos a las exportaciones industriales). Esa fue la cifra global obtenida como resultado de las dos misiones económicas (7).
    Un mes más tarde el Fondo Monetario Internacional acordó a la Argentina un crédito contingente sobre la utilización del segundo y tercer tramo de su cuota (i.e., autorización para girar sobre ella (8)), lo cual permitió formalizar los acuerdos con la banca privada para refinanciar las obligaciones financieras del año 1976. Dicho crédito contingente implicaba asistencia financiera sobre la base de un programa económico que el Fondo consideraba adecuado para superar los desequilibrios económicos existentes. Al respecto, dicha institución calificó el programa de Martínez de Hoz como "serio" y consideró que sus ejecutores "gozaban de un respaldo que aseguraba la aplicación continuada del mismo" (9).
    Por lo tanto, se concedió un préstamo stand-by equivalente a 260 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (aproximadamente 300 millones de dólares). La carta de intención suscripta contemplaba la aplicación de la cláusula "gatillo" (i.e., el desembolso de monedas extranjeras a medida que la Argentina cumpliera con los objetivos de política económica acordados) y la existencia de metas cuantitativas en materia presupuestaria, de emisión de moneda y de pagos externos (10).
    De acuerdo con el anuncio oficial, el financiamiento global obtenido alcanzó exactamente los 1.300 millones de dólares (incluidos los 300 millones otorgados por el FMI), discriminados según su origen de la siguiente manera: 500 millones aportados por los bancos norteamericanos, 66 millones concedidos por los bancos canadienses y 358 por la banca europea (11). Se trataba de préstamos a pagar en un plazo de cuatro años, con uno de gracia, a una tasa de interés del 8%. El ministro Martínez de Hoz enfatizó en esa oportunidad que este paquete de préstamos no significaba un mayor endeudamiento para el país, sino una reestructuración de su deuda externa, la que al 30 de junio de 1976 alcanzaba los 8.102,4 millones de dólares (excluidos los intereses) (12).
    Asimismo, hacia mediados de setiembre de 1976 el BID concedió préstamos por valor de 750 millones de dólares, como parte de una suma global de 2.500 millones que se destinarían a obras de infraestructura durante los tres años siguientes (13). Entre esas obras se contaban, por ejemplo, carreteras en la zona Mesopotámica, obras en Salto Grande, construcción de silos, producción de celulosa y papel, forestación, construcción de gasoductos, etc.
    Por ejemplo, el préstamo de 60 millones de dólares para la construcción de silos se concretó a principios de 1977. Los fondos fueron canalizados por el Banco Nación, el cual a su vez otorgó créditos a cooperativas, entidades y productores para tales obras o similares (14). A esos fondos se sumaron otros de origen local por 64,4 millones de dólares, por lo que la línea de créditos ofertada alcanzó los 165,6 millones de dólares en conjunto. Los beneficiarios (productores agrarios, sociedades de productores, cooperativas, explotadores privados de elevadores de campaña o contratistas rurales) debían contribuir con a su vez con 41,2 millones y recibirían créditos pagaderos a cinco u ocho años, a una tasa de interés del 7,5% anual sobre saldos indexados. El objetivo central del programa era aumentar en aproximadamente 1.800.000 toneladas la capacidad de almacenamiento, lo que permitiría un mejor manejo de las cosechas y de su comercialización. Estos créditos no sólo financiarían la adquisición y/o construcción de silos y elevadores, sino también de secadoras de granos, equipos de desinfección, máquinas de limpieza de granos, equipos e instrumentos de control de humedad, temperatura y aireación, básculas, máquinas de transporte de granos, etc. (15)
    Similares gestiones se iniciaron a mediados del mismo año en Japón, país del cual no sólo se trató de obtener ayuda financiera sino también alcanzar un mayor grado de cooperación económica a través de un incremento sustancial del comercio bilateral (e.g., a través del intercambio de cereales por maquinaria pesada) y de las inversiones niponas en Argentina (e.g., en la industria pesquera y explotación petrolífera). No obstante, en el área estrictamente financiera, el propio Ministro de Economía gestionó personalmente algunos meses después créditos por alrededor de 75 millones de dólares para hacer frente a compromisos de corto plazo (16).
    En abril de 1977 comenzó a gestionarse una nueva línea de préstamos del Banco Mundial. Para ello, los técnicos del Banco Central elaboraron un informe sobre la probable evolución de la economía argentina en los siguientes diez años. El objetivo era que los nuevos fondos sirvieran para financiar proyectos ya aprobados en el marco de la Ley de Promoción Industrial, canalizados a través del Banco Nacional de Desarrollo (BANADE). Más adelante, se preveía obtener un financiamiento mayor para las obras de la represa Yacyretá-Apipé (alrededor de 150 millones de dólares), emprendimiento del cual participaría el Banco Interamericano de Desarrollo, aportando el 50% del préstamo (17). Otros proyectos en cartera incluían el equipamiento y reparación de puertos, construcción de un puerto de aguas profundas y reequipamiento ferroviario.
    Una de las consecuencias inmediatas de estas gestiones fue la firma de un crédito del Banco Mundial en mayo de 1977, por un monto de 105 millones de dólares, con destino a proyectos camineros (mejora del tráfico vial e infraestructura) que facilitaran el transporte de productos agrícolas destinados a la exportación. El préstamo gozaba un período de gracia de tres años y estaba sujeto a una tasa de interés del 8.5% anual (18). Este financiamiento contribuiría también a la realización de un estudio para el desarrollo agrícola regional en el norte del país, la elaboración de un plan de transporte nacional, un estudio sobre el uso del pavimento y un plan de seguridad del tránsito.
    En setiembre del mismo año un consorcio de cinco entidades bancarias austríacas concedió un crédito por 10 millones de dólares al Banco Central de la República Argentina (19). Se trataba de un préstamo libre, por el cual la Argentina no estaba obligada a comprar material de origen austríaco.
    Ese mes fue crucial para la gestión del programa económico del Proceso, ya que el Fondo Monetario Internacional concedió un acuerdo contingente o stand-by  por 185 millones de dólares. Si bien el acuerdo tenía como finalidad prioritaria "lograr una mayor reducción de la tasa de inflación y la consolidación de la mejora registrada en la balanza de pagos", fue al mismo tiempo interpretado desde el punto de vista político como un claro respaldo al gobierno de facto (20). Fue adjudicado luego de una exhaustiva revisión de los logros alcanzados desde la iniciación del plan económico y de las metas comprometidas por el equipo económico para la siguiente etapa.
    Por otra parte, en noviembre de 1977 el Banco Interamericano de Desarrollo otorgó un crédito de 83 millones de dólares para financiar programas de provisión de agua potable en áreas rurales y urbanas. Los fondos se componían de 31 millones de dólares provenientes de los recursos interregionales, concedidos a una tasa de interés del 8% anual por un plazo de veinte años, con cuatro años y medio de gracia después de la firma del contrato, y 52 millones de dólares provenientes del fondo para operaciones especiales, prestados a una tasa de interés del 3% anual por un plazo de 25 años, con cuatro años y medio de gracia (21). Los planes serían ejecutados por el Servicio Nacional de Agua Potable y por Obras Sanitarias de la Nación, actuando la Caja Nacional de Ahorro y Seguro como agente financiero. La población afectada sería de aproximadamente 400.000 habitantes.
    Para ese entonces se hallaban avanzadas las tratativas con el Banco Mundial para la obtención de una masa de créditos por un total de 200 millones de dólares que serían utilizados para ampliar la capacidad operativa del BANADE, el cual los destinaría a su vez a impulsar la actividad industrial (22).
    A principios de 1978 el Banco de Exportación e Importación (EXIMBANK) encabezó una operación de créditos, por un monto total de 19.040.000 millones de dólares, a ser aplicados en la modernización y ampliación de la planta siderúrgica de Acindar en Villa Constitución (cerca de Rosario) y la construcción de la empresa Polisur, una de las firmas satélites del complejo petroquímico de Bahía Blanca (23).
    Como parte del proceso global de endeudamiento en el que incurrió el último gobierno militar, también pueden citarse las colocaciones de empréstitos en mercados de capitales extranjeros. Entre 1976 y 1978 el Poder Ejecutivo autorizó tres colocaciones (todas ellas a siete años) en la República Federal de Alemania, las cuales involucraron montos cada vez mayores (la tercera de ellas por 150 millones de marcos, es decir, 71,3 millones de dólares) (24).
    En febrero de 1978 se formalizó la concesión de un crédito por parte del Banco Mundial, cuya negociación se había iniciado el año anterior. Se trataba de 105 millones de dólares que serían destinados a financiar el programa de ampliación de la capacidad de almacenamiento de cereales, de acuerdo con un plan elaborado por la Junta Nacional de Granos. Dicho plan preveía la construcción de veinte elevadores de cien mil toneladas cada uno en importantes zonas productoras y se complementaba con mejoras ferroviarias destinadas a facilitar el transporte de la cosecha hacia los principales puertos de embarque hacia el exterior (25).
    Además, la misma entidad otorgó en mayo otro crédito para el agro por un monto de 60 millones de dólares que se destinarían a un plan de tecnificación agrícola que afectaría a unos 4.500 agricultores. Los fondos se canalizarían a través del Banco Nación y serían reembolsados en un plazo de nueve años, con cuatro de gracia, a una tasa de interés del 6% anual vencido, ajustable según el índice de precios mayoristas (26).
    Por su parte, las empresas públicas también se endeudaron en el exterior. En conjunto, ellas fueron durante todo este período fuertes demandantes de créditos, llegando a adeudar al exterior al 31 de diciembre de 1982 la suma de 11.775 millones de dólares, lo cual representaba el 48,5% de la deuda pública externa y el 30,3% de la deuda total del país (27).
    Para citar sólo algunos casos puede señalarse que, por ejemplo, en agosto de 1977 la empresa Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) recibió del Banco Mundial 115 millones de dólares para obras de ampliación de sus servicios (28). En febrero de 1978 el Poder Ejecutivo, a través del Decreto Nº 4078, aprobó el contrato de préstamo a suscribir entre Agua y Energía Eléctrica como prestataria y un consorcio bancario extranjero integrado por la Interunión-Banque, Atlantic International Bank Ltd., Canadian American Bank S.A., Centrale Rabonbank, European-Arab Bank S.A., Marine Midland Bank y The Tokai Bank Limited, por un monto de 30 millones de dólares (29). En este caso, el Estado argentino servía de garante de la operación financiera. Los fondos estarían destinados a la cancelación de una deuda que por esa suma mantenía la empresa con el Banco Nación. En mayo de 1978, un consorcio de bancos internacionales liderados por el Banco de Boston y el Bank of Montreal concedió un préstamo a siete años por 50 millones de dólares a ELMA para la renovación de buques. Para la misma fecha un grupo de cinco bancos estadounidenses acordó, a través de una operación organizada por la filial Nueva York del Banco Nación (30), un crédito de 25 millones de dólares a SOMISA, a fin de que esta firma reforzara su estructura financiera; el mismo contaba con la garantía de la Secretaría de Hacienda y fue concedido a cinco años de plazo (31).
    Durante todo el año 1978 las cuestiones políticas continuaron influyendo en la marcha de las negociaciones económicas, aunque nunca llegaron a convertirse en un obstáculo insalvable. Algunos sectores del gobierno de Estados Unidos criticaban por entonces la situación de los derechos humanos en la Argentina y proponían aplicar presiones económicas para evitar mayores violaciones a los derechos humanos. No obstante, no lograron un consenso unánime de la administración Carter. Así quedó demostrado, por ejemplo, en setiembre de ese año, cuando el Departamento de Estado autorizó al Eximbank a respaldar un préstamo de 270 millones de dólares que permitiría a la empresa Allis Chalmers presentarse a una licitación internacional para la compra de turbinas destinadas al proyecto hidroeléctrico argentino-paraguayo Yacyretá-Apipé. Este respaldo fue interpretado en ambos países como una confirmación del mejoramiento de las relaciones argentino-norteamericanas (32). Unos años más tarde, el Eximbank extendió el crédito a 550 millones de dólares, a fin de contribuir a la exportación de equipos a utilizarse en la construcción de la represa; la operación se concretó a una tasa de interés del 7,75% anual, con diez años de gracia y 10 para el repago; la empresa Allis Chalmers fue la encargada del suministro de 20 turbinas de 135 kilovatios por un valor de 287 millones de dólares, mientras que 242,4 millones fueron destinados a la adquisición de camiones, topadoras, niveladoras y aplanadoras y 117,6 millones fueron usados para la provisión de grúas, bombas, transformadores y equipo electromecánico. Esta última operación contó con el aval explícito del Congreso norteamericano (33).
    El crédito del BID para el proyecto Yacyretá mencionado anteriormente fue finalmente aprobado a fines de 1978. El mismo alcanzó la suma de 210 millones de dólares y se complementaría con otro, por una cantidad equivalente, a ser concedido por el Banco Mundial (34).
    En noviembre de 1979 el BID concedió otro préstamo por 44,2 millones de dólares, cuya gestión estuvo a cargo del Banco Nación. Los fondos pasarían a formar parte de una inversión mayor (alrededor de 99 millones de dólares) para la electrificación de zonas rurales (35). Los beneficiarios serían cooperativas eléctricas y otras asociaciones rurales cuyos miembros tuvieran como actividad principal la agricultura o la ganadería. Las obras que podían financiarse por este medio incluían la construcción de líneas de transmisión de alta tensión y subestaciones de rebaje, el tendido de líneas de distribución primaria y la instalación de puestos de transformación.
    A principios de 1980 el Tesoro Nacional volvió a endeudarse, esta vez en el mercado del eurodólar, a través de un crédito de 250 millones de dólares aprobado por Decreto 421 del Poder Ejecutivo en febrero de ese año. La operación, en la que participaron dieciséis bancos de distintos países europeos, fue concretada al mes siguiente (36).
    En abril del mismo año se suscribieron dos nuevos préstamos por parte del BID por un total de 54,2 millones de dólares (37). Uno de ellos, de 44,2 millones, implicaba la concreción de la tercera parte del programa de electrificación rural mencionado anteriormente. El otro, de 10 millones, sería administrado por Gas del Estado para la construcción de un gasoducto de 280 kilómetros que conectaría los yacimientos de San Sebastián con Ushuaia, de modo de garantizar el abastecimiento de gas a esa ciudad.
    Asimismo, el BID otorgó por entonces un préstamo de 90 millones de dólares con destino a la construcción de unos 1.200 kilómetros de caminos considerados vitales para mantener y promover el desarrollo rural. Las obras involucrarían la red vial que cubría quince provincias del territorio nacional y alcanzarían un costo total de 300 millones de dólares (38).
    Ya en plena crisis financiera, el Banco de la Provincia de Buenos Aires obtuvo un crédito de 250 millones de dólares, concedido por un conjunto de 52 entidades financieras internacionales pertenecientes a 14 países, con la intervención de Morgan Guaranty Trust Company en calidad de agente de la operación. El convenio fue firmado en Londres en mayo de 1980 y en esa oportunidad el titular del Banco subestimó la situación por la que atravesaba el sistema financiero argentino. Por el contrario, remarcó que "no existe crisis en el sistema, sino en algunas de las instituciones que lo integran", calificando de "corrección de distorsiones" a los hechos ocurridos poco tiempo antes (39).
    Continuando con el proceso de endeudamiento de las propias empresas públicas, YPF recibió un crédito de 175 millones de dólares en mayo de 1980, concedido por un consorcio de bancos encabezado por el Lloyds Bank International Ltd. Los fondos serían utilizados por la empresa petrolera para convertir y consolidar a largo plazo la deuda externa de corto plazo con que ya contaba. En forma similar, Aerolíneas Argentinas obtuvo un crédito manejado por el Deutsche Bank, el Morgan Guarant y el Banco de la Nación, con un plazo de vencimiento de 10 años y sobretasas de 0,625% para los primeros tres años y 0,75% para los restantes (40).
    El propio Banco Nación obtuvo un préstamo de 350 millones de dólares en agosto del mismo año. El mismo fue concedido por un amplio grupo de bancos de distintos países, liderados por el Morgan Guaranty Trust Company. Se trató de un préstamo a cinco años, con cuatro de gracia, pagadero en tres partes iguales a fines de agosto de 1984 y en febrero y agosto de 1985 (41).
    Hacia fines de 1980 el Poder Ejecutivo aprobó por Decreto Nº 2232 dos convenios de préstamos a suscribirse entre la Argentina y un grupo de entidades bancarias estadounidenses. El destino de estos créditos sería la financiación de trabajos de dragado de los canales de acceso al puerto de Buenos Aires. Uno de los convenios, por 23.100.000 dólares, fue firmado por el Eximbank. En el otro actuó como representante el Citibank de Nueva York y se obtuvieron 28.900.000 dólares (42).
    Casi simultáneamente el BID otorgó a la empresa Gas del Estado un préstamo de 48,4 millones de dólares para la construcción de un gasoducto paralelo al Gasoducto Norte (ubicado entre Rosario y Buenos Aires). Dicho monto cubriría un 30% del costo total del proyecto, estimado en 161,3 millones de dólares (43). La obra comprendía la construcción e instalación de 310 kilómetros de tuberías desde la planta turbocompresora de San Jerónimo (en Rosario) hasta la terminal de General Pacheco (en la provincia de Buenos Aires). Además, el proyecto preveía la construcción e instalación de 110 kilómetros de tuberías para varios ramales que llevarían el gas a distintas poblaciones próximas al gasoducto principal. La ayuda crediticia provino de los recursos de capital ordinario del banco y se adjudicó a veinte años de plazo, a una tasa de interés de 8,25% anual. El Estado argentino fue garante de la operación.
    Como resultado de las operaciones mencionadas precedentemente, el monto total de préstamos que la Argentina recibió del BID durante 1980 fue de 359 millones de dólares. Así constó en el informe anual de esa institución, en el que se enfatizaba que los fondos fueron destinados a las obras de riego en siete provincias (48 millones), a la ampliación de una planta de fabricación de equipo pesado (55 millones), a estudios para el aprovechamiento hidroeléctrico del río Limay (33 millones), a la reconstrucción y mejoramiento de 2.000 kilómetros de carreteras (170 millones) y a la ampliación del Gasoducto Norte (48,4 millones). Además, el Banco aprobó un financiamiento de 500 mil dólares para pequeños proyectos que tendían a mejorar la productividad de pequeños agricultores del Chaco y renovó líneas de crédito para financiar exportaciones por casi 5 millones de dólares (44).
    Durante el siguiente año, el BID otorgó un crédito de 33 millones de dólares a la empresa Hidronor S.A., mediante un convenio aprobado por el Poder Ejecutivo por Decreto Nº 15/81. Estos recursos serían utilizados para financiar la ejecución de estudios para el diseño final y los documentos de licitación para los aprovechamientos hidroeléctricos de Piedra del Águila (integrante del complejo Alicopá), Pichí Picún Leufú y Michihuso (45). La obra de la central hidroeléctrica de Piedra del Águila finalmente se emprendió dos años más tarde, gracias a un nuevo préstamo del BID por 400 millones de dólares (46). Asimismo, la Empresa Líneas Marítimas Argentinas (ELMA) recibió de un consorcio de instituciones financieras internacionales un crédito de 100 millones de dólares, aprobado por Decreto Nº 106 del Poder Ejecutivo, destinado a la construcción de tres buques frigoríficos (47).
    Para la misma fecha un consorcio de bancos internacionales encabezado por el Deutsche Bank otorgó, luego de una larga y trabajosa gestión, un préstamo de 250 millones de dólares a la Argentina. Se trataba de una operación a ocho años de plazo, con cuatro y medio de gracia, a una tasa de 0,5% por encima de la London Interbank Offered Rate (LIBOR) durante los primeros años y de 0,625% en los restantes (48).
    En abril de 1981 se firmaron en Londres tres contratos de empréstito por una suma global de 875 millones de dólares entre un grupo de bancos encabezados por el Lloyds Bank Internacional y la empresa Cogasco (constituida por firmas argentinas -Tecsa y Pamar- y holandesas -Royal Bdskalis Westminster) (49). Los fondos se destinarían a financiar la construcción del Gasoducto Centro-Oeste, de 1.000 kilómetros de largo, que trasladaría recursos gasíferos existentes en las provincias de Neuquén y Mendoza hacia los centros de consumo del Noreste y Litoral del país. El Estado argentino había otorgado a la empresa Cogasco la concesión de la construcción y explotación (mediante el sistema de peaje) del gasoducto por quince años, al cabo de los cuales el mismo pasaría a manos de Gas del Estado.
    Hacia fines del mismo año el Banco Mundial aprobó el segundo tramo de un crédito por 100 millones de dólares otorgado al BANADE. Los fondos estaban destinados a financiar la modernización y equipamiento de empresas industriales y mineras e incluían también una línea de crédito (10 millones) para el programa de conservación de energía del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y para desarrollo económico de las provincias, estos últimos canalizados a través de varios bancos provinciales. El plazo del préstamo era de quince años, con tres de gracia, sujeto a una tasa de interés del 11,6% anual. No obstante, el BANADE esperaba obtener financiamiento de fuentes privadas externas para complementar estos fondos (50). La operación fue repetida a fines del año siguiente, cuando el Banco Mundial concedió otro préstamo de 100 millones de dólares para los mismos fines; las condiciones también eran similares: quince años de plazo, con tres de gracia y una tasa de interés algo superior al 11% anual (aproximadamente un punto por arriba de la tasa LIBOR) (51).
    Mientras tanto, a fines de 1981 el BID aprobó un préstamo de 66 millones de dólares para la financiación parcial de una central hidroeléctrica sobre el arroyo Urugua-í (a 36 kilómetros de Puerto Iguazú, en Misiones). La obra, con un costo total de 181 millones de dólares, sería ejecutada por la Empresa Electricidad de Misiones S.A. (EMSA). El plazo estipulado para la amortización del crédito fue de veinte años, con cuatro y medio de gracia, y el plazo de desembolso, cuatro años. El interés anual fue fijado en 9,25% para la parte de los recursos de capital interregional del BID y en 4% para los recursos del fondo de operaciones especiales (52).
    Por su parte, el Eximbank aceptó garantizar un crédito de entidades privadas por 38 millones de dólares a Ferrocarriles Argentinos. Esta ayuda financiera se sumó al crédito de 96 millones de dólares concedido anteriormente a la misma empresa y tenía por objeto cubrir las dificultades financieras por las que ésta atravesaba. De ese modo, Ferrocarriles podría adquirir locomotoras, coches de pasajeros y piezas de repuesto necesarios para el programa de rehabilitación en el que estaba embarcada (53).
    Cuando ya la deuda externa argentina había alcanzado un nivel extremadamente alto (54), el gobierno argentino inició gestiones para obtener en el euromercado de capitales 500 millones de dólares (en julio de 1982). Las gestiones fueron encabezadas por tres grandes bancos norteamericanos (Citibank, Bank of America y Chase Manhattan) los cuales, a instancias de la Reserva Federal de Estados Unidos, trataron de facilitar la recomposición de la deuda exterior argentina (55). Para ese entonces, las condiciones de financiación se habían endurecido, ya que el estallido de la crisis de la deuda en América Latina era inminente, las relaciones con Estados Unidos habían sido dañadas por la guerra de Malvinas y el riesgo-país asignado a la Argentina por la banca privada había aumentado.
    No obstante, la necesidad de afrontar el vencimiento de crecientes obligaciones externas llevó al gobierno a comenzar la gestión de un préstamo "jumbo" -tal como se denomina en la jerga financiera a las operaciones de tal envergadura- por un monto de aproximadamente 1.000 millones de dólares, bajo condiciones similares a las obtenidas un año antes para el empréstito llamado "República", colocado entre 77 bancos extranjeros por el Bank of America, por 600 millones de dólares (56).
    Poco más tarde, el gobierno presentó al Fondo Monetario Internacional un programa de reactivación económica y ajuste, a fin de obtener un crédito stand-by. El mismo fue aprobado, previéndose que la ayuda financiera fuera otorgada a partir de febrero de 1983. El monto era de 1.700 millones de dólares, a los que se podrían agregar luego otros 500 millones por caída en las exportaciones (57). Las metas comprometidas en el plan oficial incluían medidas de saneamiento fiscal y monetario (e.g. limitación de gastos públicos para reducir el déficit presupuestario, rígidas pautas de expansión monetaria). Se estableció también una meta de crecimiento del 5% en 1983 tanto para el producto bruto como para el salario real y se previeron supervisiones trimestrales del avance del plan, previas a los desembolsos, por parte de los técnicos del Fondo.
    Este hecho fue por demás significativo ya que implicaba un respaldo político implícito a un gobierno cuyo poder de negociación se había debilitado notablemente -guerra de Malvinas, crisis del régimen y desenlace del proceso institucional de por medio. Por lo tanto, se esperaba que la decisión del Fondo facilitara las negociaciones con el resto de los acreedores externos e impulsara a la banca privada internacional a conceder el crédito-puente por 1.000 millones de dólares que se estaba negociando y que permitiría al país actualizar su mora internacional de pagos. La negociación de este crédito en particular estaba trabada por la reticencia del gobierno inglés a autorizar a los banqueros privados británicos a participar en la renegociación de la deuda externa argentina; la autorización finalmente se logró en diciembre de 1982, con lo cual quedaron libres para intervenir y aportar los 100 millones de dólares que les correspondían sobre el total (58).
    En síntesis, la entrada de capitales extranjeros por la vía de préstamos y créditos tomados por el sector público fue abrumadora durante el período en consideración.  Además, en especial luego de la reforma financiera y dado el alto nivel de las tasas de interés reales en el mercado local, las empresas privadas también prefirieron pedir créditos en el exterior. Por eso, el incremento de la deuda externa, sobre todo entre 1979 y 1980, tiene una contrapartida en los ingresos de capitales por empresas y en aumento de las reservas del Banco Central. Indudablemente, como se ha explicado en Implementación e impacto, el establecimiento de la pauta cambiaria -la "tablita"- también contribuyó a la atracción de capitales.
    El siguiente cuadro refleja el impacto del ingreso de estos flujos de capital sobre la balanza de pagos y la deuda externa:

Por último, el cuadro incluido a continuación muestra el incremento del peso del servicio de la deuda pública sobre el gasto del sector público y como porcentaje de las ventas de las empresas públicas.

• NOTAS

1. Ver La Opinión, 27/03/76, p. 11.

2. Ver Clarín, 06/05/76, p. 11; 10/05/76, p. 8; 22/05/76, p. 7; 18/06/76, p. 7.

3. Cf. Clarín, 28/05/76, p. 6.

4. Ver Clarín, 12/06/76, p. 7.

5. Ver Clarín, 18/06/76, pp. 6-7; 22/06/76, pp. 6-7.

6. Ver Clarín, 23/06/76, pp. 6-7.

7. Cf. Clarín, 16/07/76, p. 8; 27/07/76, pp. 6-7.

8. La cuota argentina en ese entonces era de 506 millones de dólares. El país sólo había girado sobre el primer tramo, que era el único integrado en oro. Los dos restantes eran aportados por los países miembros en la moneda nacional de cada país. Poco antes, la cuota argentina había sido aumentada a 604 millones, lo cual permitiría obtener un crédito de más de 300 millones. 

9. Cf. Clarín, 02/08/76, p. 7.

10. Ver Clarín, 07/08/76, p. 5.

11. El Chase Manhattan, actuando como banco agente, realizó el mayor aporte: 75 millones de dólares. Dentro del grupo norteamericano lo siguieron el Manufacturer Hannover Trust (55 millones), el City Bank (50 millones), el Morgan (50 millones), el Bank of America y el Chemical (ambos con 40 millones). De los 66 millones obtenidos en Canadá, 21 correspondieron al Royal Bank of Canada. Dentro del grupo europeo sobresalieron 11 bancos británicos que aportaron alrededor de 60 millones (encabezados por el Lloyds Bank International, con un aporte de 15 millones), mientras que la banca francesa proveyó 30 millones; la alemana, 90; la española, 35; la suiza, 61,3; la holandesa, 20; la escandinava, 10,5; la belga, 16,2; la italiana, 25 millones; la austríaca, 10. Cf. Clarín, 01/10/76, p. 7.

12. Sobre ese valor, 4.160 millones correspondían al sector público y 3.942,4 al sector privado. Cf. Clarín, 01/10/76, pp. 6-7.

13. Cf. Clarín, 20/09/76, p. 8.

14. Ver Clarín, 19/01/77, p. 7.

15. Ver La Opinión, 19/02/77, p. 1.

16. Ver Clarín, 11/10/76, p. 7.

17. Cf. Clarín, 15/04/77. p. 13.

18. Cf. Clarín, 18/05/77, p. 13.

19. Ver La Opinión, 10/09/77, p. 13.

20. Ver La Opinión, pp. 1, 8-9.

21. Ver Clarín, 04/11/77, p. 13.

22. Ver Clarín, 08/11/77, p. 16.

23. Ver Clarín, 03/02/78, p. 11.

24. Ver Clarín, 07/02/78, p. 9.

25. Ver La Opinión, 22/02/78, p. 1.

26. Ver Clarín, 10/05/78, p. 14.

27. Cf. Instituto de Política Económica y Social, 1983, p. 72.

28. Cf. Clarín, 08/11/77, p. 16.

29. Cf. Clarín, 07/02/78, p. 9.

30. En realidad, ésta fue la segunda operación financiera organizada por el Banco Nación, con destino a una empresa estatal. La primera se había llevado a cabo poco tiempo antes y consistió en la obtención de un préstamo de un consorcio de siete bancos norteamericanos y uno canadiense por 50 millones de dólares a la empresa Vialidad Nacional para financiar obras del complejo ferrovial Zárate-Brazo Largo. Ver Clarín, 22/06/76, pp. 6-7. 

31. Ver Clarín, 08/06/78, p. 11.

32. Ver La Opinión, 28/09/78, p. 1.

33. Cf. Clarín, 12/11/81, p. 14; 10/12/81, p. 14; 18/11/81, p. 16.

34. Ver Clarín, 12/11/78, pp. 4-5.

35. Cf. Clarín, 22/11/79, p. 20.

36. Ver Clarín, 26/02/80, p. 7; 12/03/80, p. 15.

37. Cf. Clarín, 14/04/80, pp. 12-13.

38. Cf. Clarín, 10/05/80, p. 9.

39. Ver Clarín, 14/05/80, p. 16.

40. Cf. Clarín, 30/05/80, p. 14.

41. Ver Clarín, 21/08/80, p. 19.

42. Cf. Clarín, 06/11/80, p. 10.

43. Cf. Clarín, 07/11/80, p. 14.

44. Cf. Clarín, 06/04/81, p. 12.

45. Ver Clarín, 16/01/81, p. 12.

46. Ver Clarín, 02/12/82, p. 18.

47. Ver Clarín, 28/01/81, p. 12.

48. Cf. Clarín, 19/01/81, p. 12.

49. Cf. Clarín, 16/04/81, p. 7.

50. Ver Clarín, 18/11/81, p. 10; 03/12/81, p. 15.

51. Cf. Clarín, 03/12/82, p. 16.

52. Cf. Clarín, 19/11/81, p. 11; 22/11/81, p. 10.

53. Ver Clarín, 22/11/81, p. 10.

54. A principios de 1982 el Ministro de Economía de ese momento, Juan Alemann, informó que la deuda externa argentina ascendía a 34 mil millones de dólares y reconoció que era "una de las más voluminosas del mundo" (cf. Clarín, 11/02/82, p. 10); pocos meses después, el presidente del Banco Central, Domingo Cavallo, afirmó que esa cifra había alcanzado los 39 mil millones (cf. Clarín, 06/08/82).

55. Ver Clarín, 07/07/82, pp. 9-10.

56. Cf. Clarín, 24/07/82, p. 9.

57. Ver Clarín, 11/11/82, pp. 16-17.

58. Sobre este episodio, ver Clarín, 19/12/82, p. 18.

59. Estimado.

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